jueves, febrero 12, 2004

La Comisión de Derechos Humanos del DF viola los derechos de sus trabajadores

El 1 de febrero de este año publiqué el siguiente texto en la revista semanal Día Siete. En él denuncio las irregularidades, arbitrariedades e incongruencias de la Comisión de Derechos Humanos del DF, institución donde trabajé durante un año como subdirector de Publicaciones y donde la burocracia del más puro estilo priista ha sentado sus reales...


La Administración Pública y la defensa de los derechos humanos

Rogelio Villarreal*


El lenguaje de los derechos afirma que todos los seres humanos pueden participar en la deliberación esencial en la que se determinará cómo nos debemos tratar los unos a los otros.
MICHAEL IGNATIEFF, Los derechos humanos como política e idolatría (Paidós, 2003)

No pude con la burocracia, pero la burocracia tampoco pudo conmigo...
Ah, la ingenuidad. Cuando me llamaron pensé que requerían mis servicios para coordinar un departamento editorial, con un programa planeado responsable y concienzudamente. Pero poco más de un año como subdirector de Publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fue más que suficiente para percatarme de la disociación que existe entre el discurso y la práctica de la defensa de los derechos humanos en esa institución pública fundada hace diez años, por no hablar de las deplorables condiciones materiales de trabajo.
Porque si bien los principios y los objetivos de la CDHDF son compartidos, en términos generales, por todos los que desean ver y participar en el avance de la democracia y en la erradicación de la injusticia en esta ciudad —en este país—, la realidad que viví y atestigüé me hace concluir que la situación prevaleciente en la CDHDF dista mucho de ser la ideal para una institución que pretende ser humanista, democrática y transparente, y que el discurso entusiasta y triunfalista de su presidente, Emilio Álvarez Icaza,1 no es compartido, como él cree, por todos sus empleados.
Tanto Álvarez Icaza como su círculo inmediato de colaboradores provienen de lo que se ha dado en llamar pretenciosamente “sociedad civil organizada”, es decir, del activismo y la militancia “progresista” o de “izquierda”, de organismos no gubernamentales de varios signos —del feminismo al neozapatismo— y hasta de partidos desacreditados como el de la Revolución Democrática (PRD) y, además, de algunas otras organizaciones “comprometidas” con el fortalecimiento de la malhadada democracia mexicana. Sin embargo, es sorprendente ver cómo Álvarez Icaza y su gente se adaptaron a la Administración Pública de una manera tan natural y aterciopelada que no tardaron en reproducir sus viciados estilos de conducción; atavismos que deberían arrojarse al aún maloliente pasado autoritario y antidemocrático y desterrarlos de este presente dislocado y confuso, de transición y cambios —no de retrocesos: ¿adónde se fueron los ánimos reformadores que los caracterizaban hace apenas unos años?

Contadores contra editores
La estructura burocrática ha entorpecido, desde la fundación de la CDHDF, la concreción de un programa editorial estratégico —por no mencionar otros igualmente esenciales para la Comisión—, el cual debería ser producto del trabajo reflexivo y coordinado de la Presidencia, de los asesores y los titulares de todas las áreas: ¿de qué sirven 5 mil folletos contra la discriminación en una ciudad de 20 millones de habitantes? En realidad se trata de una labor improvisada y soslayada, a la que sólo se atiende cuando apremian el Informe anual, las tarjetas de navidad y los diplomas de fin de año.2
Sólo una concepción del trabajo que destaca el discurso y el lucimiento por encima de los resultados (a la que podemos calificar de priista) explica la ineptitud y la ineficiencia de los asesores del presidente de la CDHDF —con la honrosa excepción de Rafael Álvarez—, la prepotencia de su secretario particular —¿quieren testigos?— y la deficiente calidad de muchas de las investigaciones realizadas en áreas que a eso, precisamente, dedican sus esfuerzos.3 Por otra parte, habría que cuestionar también no solamente el sentido de las disposiciones del director general de Administración en relación con los descuentos a los empleados, sino también otras igualmente agresivas: la revisión de bolsas y portafolios, tratos diferenciados y excesivas trabas burocráticas que hacen que se gaste más tiempo en papeleo que en trabajo real. ¿No sería más idóneo y satisfactorio encontrar, en primera instancia, formas inteligentes y creativas de estimular la responsabilidad y la “cultura de respeto a los derechos humanos” entre los trabajadores de la CDHDF? ¿No podrían encaminarse los esfuerzos de la Administración hacia objetivos más acordes con su función, como la de aliviar la pesada carga de trabajo administrativo en las áreas de la institución y proveerlas de los elementos necesarios para su mejor desempeño?

Ante todo, elegancia, buen gusto y distinción...
La administración de Álvarez Icaza no sólo ha mantenido el tinte clasista, jerárquico e inequitativo que ha caracterizado desde hace décadas a la burocracia nacional, sino que ha actualizado políticas corporativas en aras del “control y la disciplina”. La burocracia propicia conductas aberrantes y corrosivas del espíritu —servilismo, oportunismo, irresponsabilidad, nepotismo...— distantes de los fines que persigue la verdadera defensa de los derechos humanos —y no la que echa mano de la corrección política a toda costa y del lenguaje artificial de la “perspectiva de género”.
La Administración Pública es rígida y, por desgracia, sus estipulaciones deben cumplirse cabalmente: ahí están, entre otras, las diferencias abismales entre los privilegios y los sueldos de los altos mandos y los de la “fuerza de trabajo”, los de intendencia y los de quienes trabajan por honorarios (muchos de los cuales carecen de seguridad social: una prestación obligatoria); la imposibilidad de ascender en el escalafón; la falacia del servicio civil de carrera (ya que los mejores puestos son para los amigos y no para quienes tienen los méritos suficientes); el hostigamiento laboral del cual han sido objeto varios empleados con el fin de obtener su renuncia y los despidos del personal “incómodo” sin mayores explicaciones (trabajadoras del desaparecido Centro de Atención Integral y Servicio —CAIS— y un redactor —Héctor Villarreal, coautor de este dossier— que se atrevió a quejarse por los descuentos ilegales). ¿Cuál es la causa de tantos despidos y renuncias en las últimas semanas? ¿Por qué una institución que presume de mediadora inhibe el diálogo y la conciliación entre sus integrantes? ¿En qué lugar queda la ética que tanto se pregona?
La Ciudad de México es ya una urbe monstruosa en donde los derechos humanos son cada vez más vulnerados, incluso dentro de la CDHDF. Para que esta institución pueda arrogarse la calidad moral imprescindible para emitir recomendaciones a funcionarios que atropellan los derechos humanos de los ciudadanos primero debe emprender un largo y genuino proceso de autocrítica, de reflexión y de reforma. La práctica de estos derechos debe darse de manera cotidiana y en todos los ámbitos, no solamente en los discursos o en los medios. De otro modo, no es más que simple y llana simulación.

* Rogelio Villarreal es autor de Cuarenta y 20 (Moho, 2000). Próximamente aparecerán sus libros El dilema de Bukowski y Sensacional de contracultura. Ha trabajado como corrector y editor en las principales editoriales del país.

Notas
1. Véanse los Informes anuales 2001 y 2002 publicados por la CDHDF.
2. A la presentación del libro Comisiones de la verdad (en el Museo Franz Mayer, octubre de 2003) sólo asistieron alrededor de cuarenta personas (la mitad eran trabajadores de la CDHDF, incluyendo a las edecanes) de un total de 500 invitados. Comisiones de la verdad es uno de los pocos libros importantes publicados por la CDHDF, el cual pasó casi inadvertido. Editado en conjunto con la Asociación para la Prevención de la Tortura (Suiza), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Chile), el volumen reúne reflexiones, discusiones y análisis sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas por gobiernos y regímenes dictatoriales en varios países del mundo, incluyendo el caso de la guerra sucia en México. El desaire de los invitados a la presentación —incluida Rosario Ibarra de Piedra— es más que significativo y refleja la escasa capacidad de convocatoria de la CDHDF, por lo menos entre sectores más militantes y comprometidos.
3. La CDHDF encargó dos investigaciones sobre seguridad pública y procuración de justicia en el Distrito Federal a Antonio López Ugalde, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Sobra decir que éstas superan con mucho el nivel de la mayoría de otras investigaciones, en las cuales las conclusiones son baratas, las recomendaciones son huecas y las metodologías tratan como infantes a “las comunidades”, “las minorías” y demás “grupos vulnerables”. Las publicaciones de la CDHDF pueden solicitarse en la Subdirección de Distribución de la CDHDF, tel. 5229 5678.


Recuadro 1
El Ombudsbaby
La CDHDF fue fundada en 1993 basada en el modelo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de aliento salinista e inspirada, a su vez, en un modelo francés. El primer presidente fue Luis de la Barreda, electo por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y reelecto para un segundo periodo. En 2000 la ALDF eligió a Emilio Álvarez Icaza (defensor de los derechos humanos desde los cinco años, como puede colegirse de la biografía que aparece en www.cdhdf.org.mx, sección Quiénes somos) para ocupar la presidencia de la CDHDF. Pero la ALDF, como las cámaras de diputados y senadores, no representan a nadie sino a sí mismas. —RV.

Recuadro 2
¡Todos juntos ya!
Cuando la invasión de Estados Unidos a Irak era ya un hecho, Álvarez Icaza invitó al personal de la CDHDF a participar en la marcha de protesta encabezada por senadores, diputados y otras especies dañinas de la vida pública nacional. Después, a la fallida “megamarcha” de los líderes de los sindicatos de electricistas, telefonistas y organizaciones campesinas, a la que se encaramaron astutamente los dinosaurios Bartlett, Cárdenas y Murat, muchos titulares de la CDHDF asistieron presurosos convencidos de que con su presencia detendrían el maligno proceso de privatización de los recursos naturales de la nación. Los lugares comunes de la izquierda mexicana —el fundamentalismo indígena y su guía suprema, Marcos, y un nacionalismo ramplón de estirpe priísta— constituyen en gran parte el sustrato ideológico de la élite dirigente de la CDHDF. Desde luego, no faltan los nuevos mártires en su santoral: la última es Digna Ochoa, que pasará a la historia con el rostro de Vanessa Bauche. —RV.

Recuadro 3
Salinas de Gortari y la creación de la CNDH
“Muchos miembros de la sociedad civil veían con reserva una iniciativa surgida desde el Estado, cuyo propósito era vigilar y sancionar a servidores públicos del mismo Estado. La clave para resolver estos señalamientos estaba en la manera de estructurar la nueva institución y, como sucedía siempre en las tareas de gobierno, también en la persona que tuviera la responsabilidad de conducirla en sus inicios.”
“Era fundamental que quien encabezara la nueva institución gozara de un pleno respeto en todos los ámbitos... El ombudsman era representante de la sociedad civil frente al Estado.”
“La CNDH se convirtió en una institución indispensable para el desarrollo democrático del país y para el fortalecimiento de la sociedad civil. Su creación y puesta en marcha respondió claramente a los propósitos del liberalismo social.”
Carlos Salinas de Gortari, México, un paso difícil a la modernidad, Plaza & Janés, 2000.